En Clarin.com: Un silencio cómplice con las mafias que agitan la violencia

Publicado el miércoles 8 de septiembre de 2021

Por Roy López Molina (*)

Los seis asesinatos perpetrados entre lunes y martes en Rosario, que superan los 155 en el transcurso de 2021, volvieron a poner a la ciudad en la discusión nacional.

Es que cuando la violencia sale a la superficie todo se percibe más fácil, especialmente con un Gobierno nacional que abandonó a los santafesinos a su suerte pese al espasmo de enviar 160 agentes extras a días de las PASO.

Lo cierto es que si se corre el velo detrás de la violencia armada que regentea el crimen organizado aparecen los resortes de la corporación policial, judicial y política que por acción u omisión tienen que ver con las víctimas que después quedan tendidas en los barrios periféricos, con sus familias destrozadas y marcadas para siempre, muchas sin poder salir del espiral de venganzas.

Toda esa ruta que parece compleja de unir quedó al descubierto con una causa por el dinero del juego ilegal. Empezó con un atentado al Casino más grande de Sudamérica donde un apostador fue asesinado y siguió cuando el destituido fiscal Gustavo Ponce Asahad admitió hechos de corrupción.

Una jueza imparcial valoró su testimonio y le redujo la pena a la mitad en virtud de lo que había develado: la conexión policial y judicial está identificada y probada. También la ruta del dinero, a través de empresarios y abogados.

Ahora hay que prestar atención a la conexión política que, con privilegios que repugnan, sigue esquivando a los fiscales de la democracia que, además de tener un coraje admirable, necesitan del respaldo de todos.

Son los que desde hace 10 meses pretenden, como la prueba les dice y su deber los obliga, llevar al proceso como organizador al senador provincial Armando Traferri, del PJ.

Traferri se escuda en fueros absolutos de los que no gozan ni el presidente Alberto Fernández que fue imputado por la foto de Olivos ni la vicepresidenta, que afronta decenas de causas. Está en manos de la Corte provincial que en Santa Fe haya un poco más de igualdad y menos resortes para el delito.

En paralelo, se expone esa violencia que desgarra y aterroriza a miles de rosarinos, aunque sería ingenuo pensar que es espontánea. La violencia se administra. Son esas mismas mafias que abren y cierran el grifo de las balas para mandar mensajes cuando se ven acorraladas o frente a momentos de cambios como puede ser la antesala de una elección. Esto que decimos es parte de la complejidad del fenómeno.

En este escenario, la salida no son las fotos plurales y las mesas interpartidarias. Si algo sobra en Santa Fe son los acuerdos entre los poderes institucionales y el mundo criminal. No es un problema de falta de diálogo. Es tanto el “diálogo” que hubo que forma parte de causas penales.

Hay financieras truchas, testaferros y grupos económicos que crecen en contexto de recesión, que se explican desde la ruta del dinero y son la contracara de la violencia en los barrios más desprotegidos.

Muchas veces los que denuncian se sienten solos, aun si son parte del Poder Judicial. Ahora es clave respaldar a los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery en la tarea que asumieron de correr el velo para romper con las mafias que, desde el Estado, amparan la violencia.

El día que en Santa Fe indigne tanto el teléfono y los privilegios que ostenta desde la cárcel Guille Cantero, líder de Los Monos, como los llamados de dirigentes políticos o referentes de la Justicia desde sus cómodos despachos, se abrirá una esperanza de un futuro en paz y verdadera libertad.

(*) Roy López Molina es vicepresidente del Concejo Municipal de Rosario y precandidato a diputado nacional por la lista “Vamos Juntos” de Juntos por el Cambio.

Publicado en Clarin.com el 08/09/2021. Foto: Juan José García.